Si partimos de la base de que Responsabilidad significa que las personas son conscientes del impacto que tienen sobre otros individuos y sobre el medio físico con el que interactúan (y por consiguiente actúan en consecuencia), entonces podemos afirmar que los afectados tienen el derecho de ser oídos y su opinión tenida en cuenta. De modo que aquellos que tienen el poder tienen la obligación de escuchar y tomar las medidas oportunas que refuercen esos derechos y obligaciones.
Desde que en 1800 Robert Owen, empresario pionero en el cooperativismo y la acción sindical, y cincuenta años más tarde los hermanos Cadbury crearan un modelo de responsabilidad social hacia los clientes y trabajadores, la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) ha evolucionado de tal manera que la podemos definir como: El proceso por el cual las empresas asumen la responsabilidad por las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de su actividad, con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido.
Los actos de las empresas y de los individuos que forman parte de ellas repercuten de manera positiva o negativa en otras empresas, otros individuos u otros procesos. La ética empresarial se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los negocios: la gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado, las decisiones comerciales, etc. La ética empresarial en su relación con la RSE intenta alinear los diferentes enfoques dentro de la responsabilidad social, es decir, la búsqueda de modelos que permitan que la contribución de la empresa a la sociedad y al entorno sea lo más justa y valiosa en equilibrio con su resultado económico.
Tomando la empresa como una comunidad de personas que aportan conjuntamente su trabajo directivo, su trabajo operativo y su inversión, es importante conocer los valores por los que se inclinan los grupos de interés, tanto internos como externos (Moreno, Uriarte y Topa (2010). Así, hoy en día es importante tener una cultura corporativa sólida (basada en valores), calidad en los servicios y/o productos como filosofía esencial de la empresa, transparencia no sólo en sus cuentas si no en sus actividades y valores, y contemplando como éstos afectan a sus trabajadores, a sus clientes, inversores, proveedores y el medio físico donde operan.
Sin embargo, algunas empresas sufren limitaciones cuando intentan avanzar hacia prácticas más responsables. Clientes inconstantes e inversores con poca visión a largo plazo fomentan en muchas ocasiones el castigo más que la recompensa a las compañías que buscan hacer lo correcto.
Una economía de libre mercado es aquella que se desenvuelve a través de empresas privadas sin el control directo por parte del gobierno. En ella, los principales procesos y operaciones económicos son llevados a cabo por particulares, ya sean estos consumidores o empresas, a través de las leyes de la oferta y la demanda. Una economía de libre mercado nos da la posibilidad de la libre elección, basándose en la premisa de que los consumidores y empresas son racionales en cuanto que conocen perfectamente sus preferencias y están en condiciones de efectuar todos los cálculos necesarios para alcanzar aquello que se proponen. Este supuesto de racionalidad supone que los consumidores toman sus decisiones bajo lo que les procura la mayor satisfacción posible, máxima potenciación de la utilidad. Así mismo, los consumidores y las empresas contemplan toda formulación social en función de su propia asignación de bienes sin tener en cuenta las consecuencias que tales decisiones pudieran tener en las asignaciones de otros consumidores y/o empresas, es decir, lo que se denomina egoísmo. O como William Jevons afirmaba, los individuos buscan el mayor placer al menor coste (Andrew Schotter, 1985).
Los individuos que conformamos la sociedad somos parte de los valores de las empresas, ya sea porque formamos parte de ellas y/o porque consumimos los productos y servicios que nos ofrecen. La filosofía del Servicio al cliente tiene como eslogan principal “El cliente siempre tiene la razón”. Sin embargo toda regla tiene una excepción, por ejemplo: cuando un comensal rehúsa a pagar la cuenta, cuando un cliente demanda un reembolso total por un daño al bien que él mismo ocasionó, cuando el cliente amenaza con irse a la competencia porque se le está facturando por un servicio fuera de las obligaciones contractuales (como la visita de un técnico).
Por lo tanto, ¿podemos exigir responsabilidad ética a las empresas cuando a veces nuestra propia ética puede estar en entredicho con este tipo de actuaciones? ¿No estamos penalizando, en vez de recompensando, aquellas empresas que bajo nuevas políticas y valores quieren fomentar un desarrollo y una manera de hacer negocios más sostenible? ¿Puede este nuevo modelo de empresas responsables exigir clientes e inversores más responsables?
